Los funcionarios de prisiones inician su verano ‘caliente’ con un plante en Navalcarnero

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La concentración, que ha sido convocada por APFP, CCOO, CSIF y UGT, organizaciones mayoritarias en el sector, se desarrollará desde las 12:30 hasta las 14:30 horas. Estos sindicatos han registrado una petición para que les reciba el secretario general de Instituciones Penitenciaras, Ángel Yuste, que se espera que acuda a la prisión de Navalcarnero, con motivo de la celebración de su 25 aniversario.

Cada día, dos agresiones

Los sindicatos se han agrupado en una plataforma que demanda “unas condiciones dignas” para los trabajadores de prisiones, afectados por la falta de personal. Las plazas vacantes por jubilaciones no se cubren. Los funcionarios sufren, cada día, una media de dos agresiones por parte de los presos”, denuncian estas organizaciones, que calculan que faltan 3.000 funcionarios.

Un carcelero para 70 presos
“En algunas cárceles, un único funcionario tiene que supervisar a un máximo de 70 reclusos que comparten un mismo módulo”, aseguran los sindicatos.  En los nueve primeros meses de 2016 se registraron en las cárceles españolas alrededor de 200 agresiones a funcionarios, de acuerdo con los datos de la plataforma.

115 millones en privatizaciones
Los trabajadores de prisiones protestan, además, por la política de privatización del Gobierno, con la introducción de vigilantes jurados en las cárceles; un proceso que se inició en 2013.
Según datos manejados por la Asociación Profesional de Financiación de Prisiones (APFP),  la privatización de la seguridad de las prisiones ha costado al Estado ya más de 115 millones de euros: 33,4 millones en la primera fase (mayo de 2013), más 66 millones, en la segunda (entre octubre de 2014 y septiembre de 2016) y más 34, en la tercera (enero de 2017), a lo que hay que sumar 7.791.151 de euros de los tres meses en los que se prorrogó la última fase (octubre, noviembre y diciembre de 2016).

Los funcionarios de prisiones anunciaron en mayo movilizaciones en todo el país, que “se mantendrán durante varios meses y se extenderán hasta después del verano”, según explicó Francisco López, presidente de la APFP a ELPLURAL.COM.

"El ministro mira para otro lado"
Acusan al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de limitarse a “las buenas palabras”, y “mirar para otro lado” ante la “grave situación” que enfrentan “cada día” los funcionarios. Los sindicatos sitúan, además, en el centro de sus críticas, a Ángel Yuste, secretario general de Instiuciones Penitenciarias. “No ha hecho nada, sólo cobrar a fin de mes”.

El plan privatizador del Gobierno
En mayo de 2014, el Consejo de Ministros acordó la contratación de empresas privadas para la seguridad de los centros penitenciarios. Un año antes había iniciado la fase experimental y, según datos de los sindicatos, el modelo se extendió a 21 centros penitenciarios.

Posteriormente, se extendió a “los 67 establecimientos penitenciarios existentes, pasando de 254 a más de 800 vigilantes privados”. Según denunciaron los sindicatos, “el Gobierno desmintió, incluso en sede parlamentaria”, su plan privatizador.

Tras las privatizaciones salieron a la luz oscuras conexiones denunciadas por estas organizaciones. El entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue presidente de Segur Ibérica, una de las empresas privadas contratadas, hasta su incorporación al Equipo de Rajoy en 2012.

La principal adjudicataria ha sido  Ombuds Compañía de Seguridad SA,, sociedad de Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, apoderado, y vinculado a Manuel fraga en los primeros años de Alianza Popular.

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