8 móviles navarros

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Este 5 de junio de 2012 ha tenido lugar la inauguración de este centro penitenciario y de inserción social en la colina de Santa Lucía

Esta mañana, en turno de noche y saliente, en el recuento y relevo de mi compañero, he leído un artículo en el Diario de Navarra titulado “Tráfico de móviles, el mayor problema de seguridad en las prisiones españolas”. El artículo podría mantenerse en mera anécdota periodística de un día determinado si no fuera por las circunstancias especiales que desde hace varios años vivimos los funcionarios de prisiones. Y cito textualmente: “Aun así, la información facilitada por el Gobierno al parlamento constata que también ha habido connivencia de los funcionarios. Desde 2010 al 2016 han sido sancionados ocho trabajadores por -introducir o vender teléfonos a los internos-“.


Desde hace mucho, mucho tiempo, los funcionarios de prisiones llevamos soportando en un silencio cruelmente ensordecedor para la realidad carcelaria que nos rodea cotidianamente, un absoluto oscurantismo sobre nuestro trabajo.


Su periódico, no puede mencionar que ha habido connivencia de los funcionarios, porque eso no es cierto. Jamás. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Interior, somos un cuerpo de 22.000 profesionales al servicio del ciudadano. Exactamente igual que Policía y Guardia Civil. Y los términos para referirse a una verdad, a una cosa cierta tienen y deben utilizarse con sumo cuidado para que la realidad reflejada sea exactamente el escenario que se desea plasmar. Si nos atenemos a un cálculo matemático lo reflejado muestra aún si cabe un profundo desprecio hacia nuestro trabajo.


Desde 2010 al 2016 van en curso siete años. Dentro de esos siete años, ocho funcionarios de 22.000 efectivos han sido sancionados por manchar con su irresponsabilidad una institución de más de 130 años. Memorándum, El cuerpo de Prisiones nació un 23 de junio de 1881. Es decir de esos 22.000 funcionarios, un 0.00036364 está siendo “connivente” con la introducción de móviles que violentan una seguridad preocupante en los centros penitenciarios de España. Y, de esos ocho funcionarios, la media por año dentro de la ratio de siete años (2010-2016) del funcionario confabulado presenta un saldo de 1.14 funcionarios por año recorrido. La matemática debe continuar y nos da una solida y férrea razón para manifestar con solvencia que la noticia plasmada, y su periódico han herido con eco social a un cuerpo ya de por sí destrozado institucionalmente.


La matemática, el cálculo exacto, la decisión de no poder mentir refleja un segundo criterio. Conmutada eso sí y en grandes dosis con la vergüenza y la iniquidad del silencio político. De la bofetada ardiente en la cara del humillado. ¿Cuál? La profesionalidad. Profesionalidad de este cuerpo por quienes soportamos año tras año este desmadre penitenciario. Este concepto, escondido entre los muros de cada prisión, de cada centro penitenciario, oculto tras la conciencia por aquellos que nos deberían declamar una gracia firme, disfraza nuestra miseria profesional en desprecio constante.


Por eso, se debe tener un especial cuidado en los términos utilizados para siquiera definir un escenario que ni de lejos refleja lo que es hoy en día Instituciones Penitenciarias. Que no es otro que un ejército de gente comprometida con el quehacer que dicta la norma constitucional, penal y penitenciaria. Que no es otro que manifestar un compromiso férreo con el trabajo encomendado y que no es otro que, pese a las magníficas deficiencias que padecemos de medios y de personal contribuir a un sostenimiento de un sistema que empieza a dar signos evidentes de alarma. El funcionario penitenciario clama y lucha para que se le dé voz a esta demanda.


Por la misma razón matemática el dato reclutado muestra que el cuerpo de Funcionarios de Prisiones ostenta y, olvidándome escenificarlo en podio alguno, un signo de honestidad que si fuera reflejado políticamente dejaría en la vergüenza más absoluta a cualquier partido político de este país. Y este emblema de honradez, de integridad, de decencia, de limpidez profesional debe ser reajustado laboralmente en su justa medida. No solicitamos más que lo que nos es justo reclamar.


Y cuando el portón cierre su portal de acceso bajo los muros de cada centro penitenciario ¿Quién respetará nuestra privacidad, el secreto de nuestros asuntos que paradójicamente son los de toda la sociedad, la especificidad de nuestra profesión? Me queda aldabear la puerta de la cordura y con gentileza de quiénes somos y lo que pretendemos, con cortesía peticionar que se nos oiga, que se cubra nuestra razón de aquello que necesitamos desde hace mucho tiempo.


Por esto, es por lo que bregamos con denodada pasión los funcionarios de Prisiones. No todas las palabras valen. Y hay muchas cuyo peso específico pueden hacer un daño hondo o un servicio con miles de gracias.

Antonio Núñez Alonso es delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones del CP de Pamplona.

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