Interior y Defensa estudian que militares que dejen el Ejército se integren en Prisiones

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Una nota enviada anoche a los representantes sindicales de las prisiones por el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, ha incendiado la inflamable plantilla de esa área clave de Interior, ante la posibilidad de que el Gobierno incorpore a militares retirados a los trabajos en las cárceles.

"Las Administraciones Públicas podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa de reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración", dice la nota. De ella se desprende con claridad que los ministerios del Interior y de Defensa estudian que los soldados y marineros que dejen las Fuerzas Armadas se puedan integrar como funcionarios en Instituciones Penitenciarias.

Fuentes de la Secretaría General Instituciones Penitenciarias consultadas por EL PERIÓDICO explican que el proceso "no está cerrado", que apenas se encuentra en "fase preliminar" y que "ni siquiera está previsto cuántos, ni cuándo, ni por qué mecanismo de incorporación".

Rechazo

El plan contempla ofertar plazas además a los reservistas de especial disponibilidad, y genera esperanzas entre los soldados y suboficiales más veteranos, 21.000 de los cuales superarán la edad de 45 años desde ahora hasta 2023, y tendrán que colgar el uniforme perdiendo su modo de vida .

Pero en la plantilla de recepción, la penitenciaria, lo que un veterano del sector califica de "globo sonda para calmar a los militares" ha generado un considerable rechazo, pese a que Arribas valora como "muy favorable" para la Administración penitenciaria esta propuesta "de cara a incrementar el número de efectivos" en el marco de las posibilidades que ofrece el artículo 19.10 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.

Para José Ramón López, presidente de Acaip, el sindicato mayoritario de Prisiones, la noticia dada a conocer por el Subdirector General de Gestión de Personal supone "un paso más en la improvisación que la Administración Penitenciaria viene haciendo durante los últimos 15 meses".

El líder de Acaip lamenta: "Ni negociamos, ni alcanzamos acuerdos, ni son capaces de gestionar las necesidades de la Administración Penitenciaria. Por eso hemos pedido la convocatoria urgente de la mesa de la negociación para recabar la información necesaria y poder trasladarla a los empleados de Prisiones".

Por la mañana, representantes de Acaip sacaban el asunto a colación durante un encuentro con la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en Madrid. Por la tarde, según crecía la incomodidad en el colectivo, el PSOE ha enviado a la exmilitar y diputada Zaida Cantera, a contactar con los sindicatos.

Salida a partir de los 45 años 

El colectivo de funcionarios de prisiones precisa completar 3.000 plazas en su plantilla, según fuentes sindicales, y perderá más gente por movimiento vegetativo (jubilaciones y no renovaciones): cerca de 1.100 al año hasta 2023.

ACAIP-UGT ha anunciado que está preparando un escrito para pedir detalles sobre las condiciones, así como si existen cupos, cómo se estructuraría y a qué plazas tendrían derecho los militares. También quieren saber si afectaría a la tasa de reposición de efectivos y si se alcanzaría "algún tipo de convenio con el Ministerio de Defensa".

"No estamos a favor de la militarización en las prisiones, sin saber cómo sería la contratación, a qué plazas accederían o si hay cupos de reserva -dice Rafael Paniza, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones)–. Somos funcionarios que no portamos armas en el ejercicio de nuestra profesión, luchamos por un estatuto propio que regule nuestra especificidad en un servicio público esencial que garantiza la seguridad y la reeducación y reinserción recogidas en la Constitución".

En este sindicato lamentan que "lejos de producirse las mejoras que venimos demandando quieren introducir  en los centros penitenciarios militares que han sido despedidos. La solución a la falta de personal no es esta, sino una Oferta de Empleo Público extraordinaria de más de 3.000 plazas para cubrir vacantes. Venimos denunciando un envejecimiento de las plantillas, y desde luego metiendo gente de más de 45 años no se va a solucionar".

Problemas con los convenios

Durante los últimos años, el Ministerio de Defensa ha firmado ya varios convenios con organismos públicos e instituciones para ayudar a los militares que se van al paro a los 45 años. Uno de los últimos es el que la ministra en funciones, Margarita Robles, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunciaron en julio para dar entrada a soldados en las policías locales.

Pero las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas denuncian que algunos de estos acuerdos no resuelven el problema de los militares, por escasez de plazas o por la dificultad de los requisitos que se les ponen a los militares.

Las cárceles se incorporan ahora a los sondeos del Gobierno, aún en funciones, para solucionar el problema que arrastra el colectivo de los soldatos veteranos. Pero no le será fácil al nuevo ejecutivo implementar la medida entre un colectivo funcionarial que ya ha cumplido dos años de guerra con su ministerio.

"Puede que este personal sirviera para hacer recuentos o vigilancias, pero no para trabajar en programas de reinserción –plantea a EL PERIÓDICO un veterano de prisiones vascas y castellanas, afiliado a ACAIP-. La inmensa mayoría de nuestro colectivo tiene más formación que las personas que quieren incorporar".

CCOO también se opone a la solución que les llegaba por email. "Nos oponemos a la militarización de las prisiones", dice la leonesa Silvia Fernández, secretaria general del sindicato en Instituciones Penitenciarias. Según explica, los exsoldados de 45 años, ya fuera del Ejército, siguen en la órbita castrense: "Una parte de las retribuciones son pagadas por el Ministerio de Defensa, se jubilan por Defensa y el régimen sancionador es el militar. Prisiones solo les pagaría las retribuciones complementarias del puesto que desempeñan y pondria la jornada y horarios".

En la APFP despliegan un catálogo de exigencias. En su opinión, no necesitan soldados retirados, sino "una escuela de estudios penitenciarios, mejoras salariales acordes al nivel de peligrosidad, estrés y burnout, como sí tienen nuestros compañeros de Catalunya, ser reconocidos como agentes de la autoridad y formación adecuada, por áreas y por tipo de internos, ya sean terroristas, con patologías mentales o adicciones".

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