Indignación de los funcionarios de prisiones por la propuesta de contratar a militares en las cárceles españolas

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Soldados de Tropa y de Marina podrían trabajar en las prisiones españolas. Es una propuesta de la Administración penitenciaria que ahora estudian el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda.

 

Los sindicatos y las asociaciones de funcionarios de prisiones conocieron la noticia el martes, después de que la Mesa Delegada recibiera un correo firmado por Eugenio Arribas López, el Subdirector General de Recursos Humanos. Aunque la iniciativa se recoge en el artículo 19.10 de Ley 6/2018, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Literalmente lo "considera muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que puedan llegar a prestar servicio e iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializarlo". Explica que "para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las mismas categorías profesionales."

Según este escrito "el desarrollo de estos procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas plazas irán destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura".

En los próximos tres años está previsto que salgan de las Fuerzas Armadas unos 21.000 militares. Van a cumplir 45 años, el límite de edad permitido. Instituciones Penitenciarias asegura que el proyecto está en estudio. Estos militares obtendrían plazas de personal fijo. Deberán encontrarse en los últimos diez años de su carrera o ser reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo una asignación por disponibilidad.

Indignación entre los funcionarios de prisiones
La crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras.

LA Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones. Afirman que esta información es completamente novedosa y que la Administración nunca había informado de esta posibilidad. Reconocen que es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años pero dicen no saber más. Según su presidente, José Ramón López: "estamos a la espera que la Administración nos convoque. Vamos a pedir explicaciones a este episodio de improvisación desde la Subdirección General de Personal. Hacerlo peor, es imposible. Vamos a responder con contundencia ante esta nefasta gestión de Recursos Humanos en un medio tan importante como el de Instituciones Penitenciarias."

Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) también han mostrado su rechazo a esta "militarización" en las prisiones. Según Rafael Paniza, Secretario de Relaciones Institucionales "somos funcionarios civiles del estado, que no portamos armas en el ejercicio de nuestra profesión, luchamos por un estatuto propio y garantizamos la seguridad de la sociedad así como la reeducación y reinserción social" y aseguran que esta medida no resuelve los problemas con la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Hay más de tres mil plazas vacantes, más las que se producen anualmente. Las plantillas están envejecidas, con más de cincuenta años de media y afirman que esto sólo agravaría más aún la situación. "Desde luego entrando gente con más de 45 no se va a producir el rejuvenecimiento", subrayan.

APFP propone una convocatoria de una Oferta de Empleo Público extraordinaria, la creación de una escuela de estudios penitenciarios porque todavía no hay ninguna en España. Reclaman formación adecuada por áreas y por tipo de internos ya sean terroristas, con patologías mentales o con problemas de adicciones, por ejemplo y exigen ser reconocidos como agentes de la Autoridad, al igual que los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil.


La Asociación de Funcionarios de Prisiones Unidos (FPU) reclama una solución integral. Según su vicepresidente, Jesús Márquez: "Pido a los dirigentes de prisiones que amen esta Institución y la sientan como algo suyo, con el reto de mejorarla. Hay muchos problemas, vamos cuesta abajo y sin frenos. Respetamos a otros colectivos y no queremos despidos a los 45 años pero ésto no es un cajón desastre. A nosotros nos exigen una oposición, unos requisitos y no creo que puedan optar a las mismas plazas". Critican además la inversión de 60 millones de euros anuales para financiar la contratación de 900 vigilantes de seguridad privada, otro parche que no ha llevado a ninguna parte y que ha obligado a sustituir a este personal con efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.


La contratación de seguridad privada


Hasta el año 2014, la vigilancia exterior de los centros penitenciarios era competencia de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. A partir de entonces los vigilantes de seguridad privada pueden realizar estas tareas en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios, en puestos de control en garitas y similares. Nunca dentro de las cárceles, una función reservada para los funcionarios de prisiones y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Instituciones penitenciarias cuenta ahora con un problema añadido. La empresa de seguridad Ombuds ha dejado de funcionar por entrar en bancarrota el pasado mes de julio. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior convocó demasiado tarde el concurso para que los candidatos a sustituirla pudieran presentarse. Además debían asumir la deuda de esta mercantil y todo su personal, por lo que el lote ha quedado desierto.

Esto afecta a la vigilancia exterior de 15 centros penitenciarios de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura y a los internos de estas cárceles, que ven reducidos los servicios de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los traslados a centros hospitalarios o sedes judiciales.

Según Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC): "la seguridad pública debe retomar este servicio como siempre ha venido sucediendo. Nosotros no podemos ponernos en huelga o quebrar y eso influye en el servicio. Prefieren invertir en seguridad privada, que es un derroche de dinero y ya estamos viendo los problemas que les está trayendo. En el acuerdo que firmamos con el Gobierno por la equiparación salarial se puso en marcha una partida presupuestaria de 100 euros, durante tres años, que no se ha puesto en marcha. Ese dinero se podría emplear para que Guardias Civiles que ya no están prestando servicio activo regresarán al servicio y precisamente se encargaran de estos cometidos", afirma

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