Francisco Llamazares (APFP): ‘Siguen sin tomarse medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones’

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En el patio, el interno D. R. M. empezó a “insultar y amenazar” al resto de presos; los tres funcionarios que había el departamento se personaron rápidamente para separarle porque estaban enzarzados en una pelea; el jefe de servicios trató de calmar a D. R. M., le ordenó que subiera a la celda y éste “respondió agresivamente”: “Por mis cojones que no me subo”.

Acto seguido se abalanzó sobre los funcionarios y empezó a lanzarles “patadas y puñetazos”. Los tres resultaron heridos.

 
 Así lo ha informado a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Denuncia que “siguen sin tomarse medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones”.

“Estas situaciones son cada día más frecuentes en las prisiones españolas, pero ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ponen medios técnicos para ayudar a disuadir y solventar situaciones violentas de este perfil de internos”, critica Llamazares.

“Al contrario, dictan órdenes de servicio que criminalizan a los trabajadores penitenciarios”, denuncia el presidente de la APFP, funcionario de prisiones que lleva una treintena en la profesión; los últimos 10, en la prisión madrileña de Navalcarnero, donde se encarga del módulo 5, que alberga a los internos más peligrosos del centro.

 

Según informan los sindicatos, en España se registra una media de “un ataque al día” a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión; una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017, y ante la que reclaman que se ponga solución a la falta de personal, a la “escasez de medios de protección adecuados”, y que sean considerados agentes de la autoridad.

La APFP reclama un estatuto propio que regule la especificidad de su trabajo.

Además, pide que se revise el actual protocolo de prevención de agresiones (firmado únicamente por CSIF y UGT y la administración), “porque no está sirviendo para disminuir los ataques”.

 

También solicita una normativa que analice y estudie por qué se producen las agresiones, sean verbales o físicas, y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para erradicar esta lacra.

 

Según la APFP, los ataques han aumentado desde que en 2017 comenzaron los recortes, y también por el perfil de los internos, “algunos muy conflictivos y otros con patologías psiquiátricas”.

Llamazares informa que “casi un 30% de los internos tiene problemas mentales y toma medicación psiquiátrica controlada”. Explica que muchos módulos tienen el Plan Integral de Salud Mental, pero lamenta que en España solo haya dos psiquiátricos de prisiones, en Alicante y Sevilla, porque considera que “hay internos que deberían estar cumpliendo condena en un psiquiátrico penitenciario, en vez de en la cárcel”.

Entre las medidas que piensa que deberían aplicarse para combatir esta situación, la APFP reclama que el agresor “no vuelva al mismo módulo, como ocurre a veces, porque el resto de internos entonces lo ve como una victoria”.

De hecho, considera que ni siquiera debe seguir en la misma cárcel. Cree que lo mejor es el “inmediato” traslado a otra prisión “para dar ejemplo”. “Si me pega y continúa en el mismo centro, el resto de internos dice “le ha salido gratis” y se hacen más fuertes”, indica Llamazares.

 

La APFP también ve necesario que se aplique un régimen “más severo” que el actual, en el que al agresor “se le manda entre 10 y 15 días a aislamiento, donde está solo y continúa saliendo al patio”.

Propone que además del aislamiento, se le quiten durante un tiempo las visitas o se les restrinjan los permisos. “Si se les privara durante seis meses de la comunicación vis a vis o en locutorio, seguro que se lo pensaban”, señala Llamazares.

Además, pide que haya una estadística de todas las agresiones, también de las verbales.

“A mí me llaman perro; hijo de puta; se cagan en mi madre; me dicen que conocen a mi familia; que me van a asesinar; que aquí manda yo, pero que cuando salga, en la calle ya nos veremos y a ver quién es el que puede… y todo eso no se contabiliza ni se está llevando a los juzgados, salvo que haya agresión física”, explica.

La APFP ve “fundamental” que se reconozca la condición de agente de la autoridad a todos los trabajadores penitenciarios para que este tipo de hechos “no queden impunes”.

“Para no queden en una mera sanción disciplinaria y una multa económica por un delito de faltas”, argumenta Llamazares.

Este sindicato también reclama que se dote a los funcionarios de prisiones de pistolas táser -eléctricas- para evitar los ataques de internos extremadamente violentos.

Asimismo, reivindica las mejoras económicas prometidas e incumplidas durante 14 años.

Llamazares exige por enésima vez que “de manera urgente se tomen medidas para frenar las agresiones, antes de que se tenga que lamentar una muerte”.

 

 

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