Marlaska ordena utilizar menos esposas y métodos de control con los presos más conflictivos

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Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden en la que limita el uso de esposas y otros métodos coercitivos en presos considerados conflictivos y peligrosos.

Dicha comunicación anula la orden de servicios 6/2016, de 10 de agosto, sobre «Medidas de seguridad específicas para el control de internos incluidos en FIES 1 CD destinados en departamentos de régimen especial». Es decir, presos catalogados en «control directo», considerados conflictivos y peligrosos y que han protagonizado incidentes en la cárcel.

A partir de ahora, según la nueva orden firmada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la aplicación de «medios coercitivos» deberá resultar excepcional y teniendo en cuenta «los principios de necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad y adecuación para el restablecimiento de la normalidad perturbada».

La orden destaca las «quejas» que «ha generado la aplicación» de la hasta ahora vigente, «tanto ante la jurisdicción de vigilancia penitenciaria como ante el Defensor del Pueblo» y se remite a una declaración reciente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Andalucía «que estima no ajustada a derecho la aplicación automática de los medios coercitivos consistentes en la utilización de esposas en todo tipo de desplazamiento o salida de la celda de un interno».

Instituciones Penitenciarias se remite al artículo 45 de la Ley General Penitenciaria, de forma que se obliga a los funcionarios a contar con la autorización previa del director y limita la utilización de esos medios en casos tasados, como «impedir actos de evasión o violencia de los internos», «daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas» o «vencer su resistencia a las órdenes del personal penitenciario».

Esposas y cacheos

En la orden ahora anulada se advierte de que los presos FIES 1 CD son internos que «a lo largo de su trayectoria penitenciaria han protagonizado incidentes de carácter muy grave al atentar, directa y gravemente, contra la integridad física» de funcionarios y otros reclusos. En ocasiones, «provocando lesiones muy graves e incluso la muerte».

En este contexto, se consideró «necesario establecer un protocolo de actuación, que contemple la intensificación de las medidas de seguridad previstas en la normativa penitenciaria».

Así, por ejemplo, la orden regula la utilización de esposas y sujeciones mecánicas en los desplazamientos, los controles mediante detectores de metales, requisas de las celdas y cacheo de pertenencias durante la estancia de los reclusos en el patio «para descartar la existencia de cualquier objeto que pueda ser utilizado para causar daños a sí mismos y otras personas» o los cacheos con desnudo integral cuando existiesen «fundadas sospechas de que el interno pudiera portar objetos prohibidos».

Quejas de los funcionarios

Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) se lamenta que «día tras día, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se pone en peligro la integridad física o la vida de los funcionarios de prisiones».

En declaraciones a este periódico, los funcionarios de prisiones destacan que «se elimina la obligación de salir esposados de su celda de los internos que se encuentran en control directo por su extremada peligrosidad y que han protagonizado motines o altercados graves como agresiones a funcionarios de prisiones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a otros internos».

«Claro ejemplo lo tenemos con Igor ‘el Ruso’, quien es trasladado a los juzgados por un amplio dispositivo de un grupo de intervención completamente armado, en el juzgado no sólo permanece esposado sino que se fabricó una mampara especial, mientras nosotros carecemos de todo tipo de protección», señalan.

Se quejan, asimismo, de que desde Instituciones Penitenciarias se haga «caso omiso» a la mejora de sus condiciones económicas y laborales, y sí en cambio a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre los internos.

«Vemos que la seguridad para los profesionales penitenciarios así como nuestra integridad física vale muy poco para nuestros dirigentes», lamentan, destacando que cada día tienen que hacer frente a «agresiones y amenazas, entre otras situaciones complicadas». Así, se declaran «cada vez más cansados y desmotivados por la indefensión más que palpable» cada vez que deben acudir a su trabajo.

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